Introducción
El estado venezolano ha disfrutado
históricamente, (desde el gobierno de Juan Vicente Gómez), de la renta externa
petrolera, y por lo tanto no depende de la incorporación al tesoro público, de
la producción nacional por medio de los impuestos, los cuales son
contribuciones ciudadanas que dependen (al menos en teoría) de la rentabilidad
de las empresas, y del éxito en el trabajo productivo de los individuos
contribuyentes. Eso equivale a afirmar que la clase política no depende de la
sociedad en nuestro país, para lograr la consecución de sus objetivos.
Esto le ha permitido al gobierno de turno obviar
las relaciones fundamentales de equilibrio y negociaciones (explícitas o
implícitas), que deben existir entre el estado, la empresa privada, y la
sociedad, para la consecución de objetivos políticos, económicos y sociales, basados
en las necesidades de la de producción y el trabajo como fuentes generadoras de
bienestar. Sin que yo sea marxista, he de reconocer que “cada ente autónomo
busca maximizar sus beneficios”. La clase política venezolana ha sido experta
en ello, sin distribuir necesariamente la renta petrolera para las necesidades
reales de desarrollo integral. Por el contrario opino que la renta ha sido
dirigida conscientemente, al logro de objetivos electorales de corto plazo
En consecuencia, el estudio de la “Economía Política”
en Venezuela, no puede ser desvinculada de la naturaleza rentista de los
ingresos obtenidos por el gobierno de turno. Es por ello que, los sucesivos “aprovechadores
del botín petrolero”, han hecho uso de la represión/premiación económica (RP/E)
para obtener ventajas políticas (traducidas en votos, manejo de la opinión pública
mediante su influencia en los medios de comunicación vía asignación de
publicidad estatal, recursos devueltos por los privados para uso en los gastos
electorales, influencias sociales etc.) con la finalidad de obtener, mantener y
consolidar el poder.
Aunque estas prácticas no son exclusivas del
modelo político/económico/social/redistributivo del gobierno de Hugo Chávez, es
evidente para cualquier estudioso que se acentuaron a raíz del temor del actual
gobierno, ante la previsible derrota electoral durante el referéndum
revocatorio del año 2004. Los buenos frutos político/económicos de los
procedimientos antidemocráticos, discrecionales y excluyentes del
presupuesto del estado, (especialmente mediante las contribuciones
para-estatales de PDVSA), que permitieron la victoria en aquellas elecciones (y
las del 2006), han moldeado y condicionado la economía política del presente
gobierno desde entonces.
Procuraré
en estas breves páginas hacer un listado (que no pretende ser exhaustivo) de
los mecanismos de represión/premiación económica (RP/E), de la mal llamada “Revolución
Bolivariana”, desde al año 2003 en adelante, con la finalidad exclusiva de obtener votos, o impedir
votos contrarios/fomentar la abstención (contrapuesto al presupuesto del gasto
social dirigido al desarrollo, que
es otro tema de estudio).
Evidencia circunstancial acerca de la economía política
represiva: 2003-2010
Orígenes y desarrollo preliminar
La llamada “lista de Tascón” (Chivo
expiatorio, ya fallecido QEPD), fue dirigida desde el primer momento a eliminar
o restringir los recursos estatales (tanto de gasto corriente, como social y de
inversión) a aquellas personas que firmaron a favor de realizar un “referéndum
revocatorio” completamente constitucional. Esta política económica estatal,
aunque “suavizada” en los años 2008-2010, no ha sido completamente erradicada. En ocasiones no se usaba (y no se usa) la “lista”, en el aspecto formal; se usa la discrecionalidad de los funcionarios
a cualquier nivel de la actividad pública. Por ejemplo, se excluye de la
participación de una pequeña empresa, en la licitación por una simple “fiesta
navideña” a las compañías cuyos accionistas hayan cometido el “delito político”
(que no está tipificado en las leyes venezolanas) de haber firmado en a favor
del referéndum revocatorio de 2004 (un derecho constitucional). Esto se ha
realizado mediante la solicitud de presentación de los nombres de los
accionistas (personas naturales y jurídicas) en el Registro Nacional de
Contratistas.
Consecuencias Personales
Los ex-empleados de PDVSA participantes (por
voluntad propia o por presiones sociales) han sido sujeto de persecución económica
al negarles puestos de trabajo tanto en la administración pública como en sus
contratistas. Todos quienes firmaron en aquella oportunidad han sido objeto de
exclusión en el empleo, o al menos de detención en sus merecidos ascensos, en
los organismos del estado controlados por el actual gobierno central. Ha sido
casi imposible durante varios años que, quienes firmaron a favor del referéndum
revocatorio, sean empleados en empresas públicas, cuyo peso es evidente al
emplear a casi el 35% de la nómina formal en Venezuela. Agravando el caso,
prohíben en muchos casos incluso la entrada a las instituciones públicas a
aquellas personas quienes sean popularmente conocidas como antagónicas al
actual gobierno.
Consecuencias Demográficas:
El exilio
auto-impuesto de cerca de 700.000 venezolanos (desde el fracaso del “lockout”
empresarial de 2003/2004, incluyendo todas las edades), que pudiéramos
catalogar en su mayoría como miembros de de intelligentsia
y sus familiares, ha desangrado la capacidad productiva del país, pero ha
permitido que personas sin capacidades técnicas ocupen cargos gubernamentales, beneficiándose
de los salarios, prebendas y corrupción imperantes en el ámbito de la “cosa pública”,
que ha sido promovida por el partido de gobierno para asegurar lealtades. De
esta manera se ha ampliado la base clientelar de la población dispuesta a votar
por el partido de gobierno.
Las consecuencias
han sido obvias: pérdida de capacidad gerencial del estado, aferramiento a
cargos burocráticos por parte de los nuevos participantes, merma de los votos que
de otra manera irían a favor de la oposición.
Consecuencias Empresariales
Las empresas que
apoyaron económicamente o desde otra índole (por ejemplo publicitaria) al
paro petrolero/patronal de 2002-03 (el
cual me pareció nefasto) han corrido
sistemáticamente con el riesgo de ser expropiadas por el gobierno (o han sido
efectivamente expropiadas). Han sido excluidas, o al menos estigmatizadas, de
la posibilidad de contratar con el estado, de la publicidad en los medios
estatales, (o de quienes por motivos de economía política han decidido ser
blandos con la evaluación del actual ejercicio gubernamental). Han sido negadas
de participación en obras públicas de cualquier índole. Han sido sometidas al
escarnio presidencial es sus locuaces intervenciones televisivas o radiales.
El gobierno
prefiere contratar con empresas privadas extranjeras (chinas, brasileras,
argentinas, uruguayas, rusas, bielorusas… y ¡hasta estadounidenses! A pesar de
pertenecer al imperio), cualquier tipo
de artículos, sobre todo aquellos dirigidos a proveer bienes públicos a la
población. Esto con la finalidad “ideológica” de que cualquier excedente de la
producción de bienes y servicios no devengue en el aumento del excedente de la
burguesía venezolana, incluso aunque se trate de medianas y pequeñas empresas
de este país. Por el contrario el estado impulsa la llamada “economía comunal”
la cual comprehende conceptos muy diversos, que van desde la “moneda comunal”
hasta los “gallineros verticales”.
Solo se salvan
aquellas empresas o instituciones que muestren el “arrepentimiento frente al
Cacique” -arrodillarse ante la autocracia- o la posibilidad de demostrar que
han mostrado responsabilidad social (ej. Polar, Sta. Teresa). Estas empresas
privadas, son catalogadas como sospechosas y explotadoras, y propias de los
mecanismos de control social del estado burgués.
Según la actual
filosofía gubernamental, solo un gobierno revolucionario puede apoderarse del excedente de la
producción y repartirlo entre la población en general. Es por ello que las empresas
socialmente responsables que no estén políticamente alineadas con el gobierno
son consideradas “mal ejemplo” pues no
cumplen con el estereotipo de “explotadoras” que el actual sistema desea
asignar a toda actividad privada.
¡Y no hablemos de
la manipulación con la asignación de divisas por CADIVI! Eso por si mismo es
todo un tema de estudio.
Consecuencias para la Sociedad Civil
No solo
organismos que pudieran catalogarse
de Políticos (como SUMATE) han sido objeto de la dura regulación del estado,
que en estos casos equivale a represión. Hasta Provea y Cofavic, etc., son
objeto de innumerables supervisiones por parte de un estado obsesionado con la
labor social realizada por organizaciones no gubernamentales. Los impuestos a
las donaciones nacionales y las restricciones a las contribuciones
internacionales no tienen comparación con cualquier país desarrollado.
Sin llegar al extremo de control que han
ejercido gobiernos de derecha (madres de la plaza de mayo en argentina) tanto
como de izquierda (damas de blanco en cuba) es notorio que el gobierno intenta
ahogar las fuentes de financiamiento internos de estas ONGs, al mismo tiempo
que procura declarar ilegales las fuentes de financiamiento externo comúnmente
aceptadas por la comunidad internacional.
Consecuencias Legales y Para-Legales
En la práctica, esto equivale a una “condena
económica” (no judicial) sobre los opositores al actual gobierno venezolano.
Esta condena no tiene límites. No hay leyes en Venezuela que legitimen ni
coloquen coto a la retaliación política. Las penas de cárcel, las
expropiaciones, las multas de las instituciones estatales (Seniat, Ministerio
del Trabajo, Ministerio del Ambiente, Indepabis etc.) han sido consistentemente
dirigidas a obtener réditos políticos y a complacer a grupos de interés ligados
al partido (léase PSUV=Autócrata). En muchas ocasiones incluso las sanciones son consecuencia de luchas internas dentro del
PSUV. Ejemplo de ello son las retaliaciones contra las casas de bolsa (cuando
no aportaron fondos), o contra las empresas de construcción que no estaban para
el partido de gobierno (sin negar las posibles irregularidades en que algunas
de ellas hayan incidido).
Consecuencias para la corrupción
En este momento
tomo como base la evidencia de mis estimaciones basadas en experiencias
personales, pues no tengo evidencia empírica
por lo delicado del asunto. Pero en mi opinión los cálculos del PIB reflejados
por el BCV están en extremadamente
subestimados por el actual gobierno. La evidencia medible demuestra que
los niveles de pobreza de Venezuela,
dados los altos gastos sociales indicados por el gobierno y por PDVSA, deberían ser menores de las reportadas por
las instituciones nacionales como la OCEI. (Acá no quiero olvidar mencionar que
los índices de la OCEI en apariencia solo reportan cuanto “come” el venezolano;
pienso que esa pobreza aumentaría estadísticamente si nos fijásemos en los
índices y calidad de desarrollo, producción, viviendas, educación entre
otros).
Ello debido en
parte a la ineficiencia o incapacidad de la gerencia pública, pero está claro
que la manera en que se maneja los fondos parafiscales es tan discrecional, que
se presta a los mayores índices de corrupción que se han visto en nuestro país,
al no estar sometidos a los controles institucionales.
Consecuencias Institucionales
Un gobierno
“revolucionario” es contrapuesto por naturaleza a la creación de
“instituciones”. Es por ello que los mecanismos de economía política represiva
anteriormente descritos descansan en el cimiento de minimización o destrucción
de las instituciones, a favor de la creación y posterior deidificación de la
imagen del caudillo (coloquialmente en
Venezuela, “gran cacique”).
La destrucción de
las instituciones “no revolucionarias” es una herramienta clave de la economía
política de un gobierno semidictatorial. Por ello la multiplicación de
programas sociales y misiones “directas”.
¿Quién te da
Barrio Adentro? Chavez – No el Ministerio de Sanidad
¿Quién te da Mercal?
Chavez - No el Ministerio de Alimentación
Y asi
sucesivamente…
¿Quién homologó
las pensiones al salario mínimo? No el Seguro Social…
¿Quién te da las
escuelas bolivarianas? No el Ministerio de Educación…
¿Quién te dará
vivienda? Chavez, no el ministerio del Habitat… principal promesa para las
elecciones de 2012.
Consecuencias para los Estados Federales
Todavía en
nuestro escudo y en nuestra constitución se celebra el “triunfo de la
federación” en 1859. Sin embargo este gobierno es sumamente centralista, pues de esa manera ha logrado distribuir el
presupuesto de la nación mediante el método del RP/E. La distribución de los
ingresos estatales es muy clara: mayor a quienes sean adeptos al gobierno, bien
sea en gobernaciones y alcaldías (excepto en áreas geográficas delimitadas
según la conveniencia política). Y mayor en programas sociales directos (bajo
la figura del autócrata) a las regiones y alcaldías opuestas al PSUV. Es decir,
además de favorecer la corrupción, el mecanismo dispuesto por las leyes
(proyectos de desarrollo sustentable en teoría), ha tenido como consecuencia el
arrodillarse por recursos, a los entes elegidos democráticamente que no tengan
afinidad con el gobierno.
La evidencia
cualitativa así lo demuestra. Los peores apagones, crisis por desastres
naturales, y carencias de todo tipo, han sido sufridos por los estados
abiertamente opuestos al PSUV (Miranda, Táchira, Zulia)
Consecuencias Electorales
De esta manera se
no se da importancia ni siquiera al partido de gobierno ni a la ideología. Se
trata de ganar votos para el “cacique” a cuenta de la renta petrolera, con el
fin único de permanecer en el poder.
La más grande
maquinaria electoral que ha conocido este país se llama Chávez. Sin negar sus logros
sociales, es obvio según las estadísticas que el despilfarro y la corrupción
han sido mayores en términos reales que la ingesta o consumo de bienes públicos
que el gobierno ha logrado hacer llegar a los pobres. Pero como el gasto social
ha sido enorme en términos del PIB, es necesario
entender que ello ha derivado en un aumento de la capacidad de consumo de los
sectores más desfavorecidos de la población desde 2003 hasta 2010. Incluso
algunas políticas públicas han sido dirigidas en momentos estratégicos a
sectores sociales que son “enemigos electorales”, como el subsidio en intereses
para la adquisición de vehículos y viviendas (revertido luego en 2009-2010) con
el simple e inteligente propósito de mantener las preferencias electorales.
Sin buscar el desarrollo del país, y por el
contrario atrasándolo, este gobierno ha logrado ganar elecciones de manera
consistente. Aunque perdió las últimas elecciones generales, el “Plan Vivienda”
(que contempló un endeudamiento adicional multimillonario por mas 10 millardos
de dólares solo el pasado año)
es consistente con las estrategias electorales del PSUV, y probablemente
permitirá ganar las elecciones a Chávez en 2012.
Ahora bien, ¿como afectara la enfermedad del Caudillo a mis consideraciones anteriores?