Economía Política de la Represión y Premiación Estatal en Venezuela

Introducción

El estado venezolano ha disfrutado históricamente, (desde el gobierno de Juan Vicente Gómez), de la renta externa petrolera, y por lo tanto no depende de la incorporación al tesoro público, de la producción nacional por medio de los impuestos, los cuales son contribuciones ciudadanas que dependen (al menos en teoría) de la rentabilidad de las empresas, y del éxito en el trabajo productivo de los individuos contribuyentes. Eso equivale a afirmar que la clase política no depende de la sociedad en nuestro país, para lograr la consecución de sus objetivos.

Esto le ha permitido al gobierno de turno obviar las relaciones fundamentales de equilibrio y negociaciones (explícitas o implícitas), que deben existir entre el estado, la empresa privada, y la sociedad, para la consecución de objetivos políticos, económicos y sociales, basados en las necesidades de la de producción y el trabajo como fuentes generadoras de bienestar. Sin que yo sea marxista, he de reconocer que “cada ente autónomo busca maximizar sus beneficios”. La clase política venezolana ha sido experta en ello, sin distribuir necesariamente la renta petrolera para las necesidades reales de desarrollo integral. Por el contrario opino que la renta ha sido dirigida conscientemente, al logro de objetivos electorales de corto plazo

En consecuencia, el estudio de la “Economía Política” en Venezuela, no puede ser desvinculada de la naturaleza rentista de los ingresos obtenidos por el gobierno de turno. Es por ello que, los sucesivos “aprovechadores del botín petrolero”, han hecho uso de la represión/premiación económica (RP/E) para obtener ventajas políticas (traducidas en votos, manejo de la opinión pública mediante su influencia en los medios de comunicación vía asignación de publicidad estatal, recursos devueltos por los privados para uso en los gastos electorales, influencias sociales etc.) con la finalidad de obtener, mantener y consolidar el poder.

Aunque estas prácticas no son exclusivas del modelo político/económico/social/redistributivo del gobierno de Hugo Chávez, es evidente para cualquier estudioso que se acentuaron a raíz del temor del actual gobierno, ante la previsible derrota electoral durante el referéndum revocatorio del año 2004. Los buenos frutos político/económicos de los procedimientos antidemocráticos, discrecionales y excluyentes del presupuesto del estado, (especialmente mediante las contribuciones para-estatales de PDVSA), que permitieron la victoria en aquellas elecciones (y las del 2006), han moldeado y condicionado la economía política del presente gobierno desde entonces.

 Procuraré en estas breves páginas hacer un listado (que no pretende ser exhaustivo) de los mecanismos de represión/premiación económica (RP/E), de la mal llamada “Revolución Bolivariana”, desde al año 2003 en adelante, con la finalidad exclusiva de obtener votos, o impedir votos contrarios/fomentar la abstención (contrapuesto al presupuesto del gasto social dirigido al desarrollo,  que es otro tema de estudio).

Evidencia circunstancial acerca de la economía política represiva: 2003-2010

Orígenes y desarrollo preliminar

 La llamada “lista de Tascón” (Chivo expiatorio, ya fallecido QEPD), fue dirigida desde el primer momento a eliminar o restringir los recursos estatales (tanto de gasto corriente, como social y de inversión) a aquellas personas que firmaron a favor de realizar un “referéndum revocatorio” completamente constitucional. Esta política económica estatal, aunque “suavizada” en los años 2008-2010, no ha sido completamente erradicada.  En ocasiones no se usaba (y no se usa)  la “lista”,  en el aspecto formal;  se usa la discrecionalidad de los funcionarios a cualquier nivel de la actividad pública. Por ejemplo, se excluye de la participación de una pequeña empresa, en la licitación por una simple “fiesta navideña” a las compañías cuyos accionistas hayan cometido el “delito político” (que no está tipificado en las leyes venezolanas) de haber firmado en a favor del referéndum revocatorio de 2004 (un derecho constitucional). Esto se ha realizado mediante la solicitud de presentación de los nombres de los accionistas (personas naturales y jurídicas) en el Registro Nacional de Contratistas.

Consecuencias Personales

Los ex-empleados de PDVSA participantes (por voluntad propia o por presiones sociales) han sido sujeto de persecución económica al negarles puestos de trabajo tanto en la administración pública como en sus contratistas. Todos quienes firmaron en aquella oportunidad han sido objeto de exclusión en el empleo, o al menos de detención en sus merecidos ascensos, en los organismos del estado controlados por el actual gobierno central. Ha sido casi imposible durante varios años que, quienes firmaron a favor del referéndum revocatorio, sean empleados en empresas públicas, cuyo peso es evidente al emplear a casi el 35% de la nómina formal en Venezuela. Agravando el caso, prohíben en muchos casos incluso la entrada a las instituciones públicas a aquellas personas quienes sean popularmente conocidas como antagónicas al actual gobierno.

Consecuencias Demográficas:

El exilio auto-impuesto de cerca de 700.000 venezolanos (desde el fracaso del “lockout” empresarial de 2003/2004, incluyendo todas las edades), que pudiéramos catalogar en su mayoría como miembros de de intelligentsia y sus familiares, ha desangrado la capacidad productiva del país, pero ha permitido que personas sin capacidades técnicas ocupen cargos gubernamentales, beneficiándose de los salarios, prebendas y corrupción imperantes en el ámbito de la “cosa pública”, que ha sido promovida por el partido de gobierno para asegurar lealtades. De esta manera se ha ampliado la base clientelar de la población dispuesta a votar por el partido de gobierno.

Las consecuencias han sido obvias: pérdida de capacidad gerencial del estado, aferramiento a cargos burocráticos por parte de los nuevos participantes, merma de los votos que de otra manera irían a favor de la oposición.

Consecuencias Empresariales

Las empresas que apoyaron económicamente o desde otra índole (por ejemplo publicitaria) al paro  petrolero/patronal de 2002-03 (el cual me pareció nefasto)  han corrido sistemáticamente con el riesgo de ser expropiadas por el gobierno (o han sido efectivamente expropiadas). Han sido excluidas, o al menos estigmatizadas, de la posibilidad de contratar con el estado, de la publicidad en los medios estatales, (o de quienes por motivos de economía política han decidido ser blandos con la evaluación del actual ejercicio gubernamental). Han sido negadas de participación en obras públicas de cualquier índole. Han sido sometidas al escarnio presidencial es sus locuaces intervenciones televisivas o radiales.

El gobierno prefiere contratar con empresas privadas extranjeras (chinas, brasileras, argentinas, uruguayas, rusas, bielorusas… y ¡hasta estadounidenses! A pesar de pertenecer al imperio),  cualquier tipo de artículos, sobre todo aquellos dirigidos a proveer bienes públicos a la población. Esto con la finalidad “ideológica” de que cualquier excedente de la producción de bienes y servicios no devengue en el aumento del excedente de la burguesía venezolana, incluso aunque se trate de medianas y pequeñas empresas de este país. Por el contrario el estado impulsa la llamada “economía comunal” la cual comprehende conceptos muy diversos, que van desde la “moneda comunal” hasta los “gallineros verticales”.

Solo se salvan aquellas empresas o instituciones que muestren el “arrepentimiento frente al Cacique” -arrodillarse ante la autocracia- o la posibilidad de demostrar que han mostrado responsabilidad social (ej. Polar, Sta. Teresa). Estas empresas privadas, son catalogadas como sospechosas y explotadoras, y propias de los mecanismos de control social del estado burgués.

Según la actual filosofía gubernamental, solo un gobierno revolucionario  puede apoderarse del excedente de la producción y repartirlo entre la población en general. Es por ello que las empresas socialmente responsables que no estén políticamente alineadas con el gobierno son consideradas “mal ejemplo”  pues no cumplen con el estereotipo de “explotadoras” que el actual sistema desea asignar a toda actividad privada.

¡Y no hablemos de la manipulación con la asignación de divisas por CADIVI! Eso por si mismo es todo un tema de estudio.

Consecuencias para la Sociedad Civil

No solo organismos que pudieran catalogarse de Políticos (como SUMATE) han sido objeto de la dura regulación del estado, que en estos casos equivale a represión. Hasta Provea y Cofavic, etc., son objeto de innumerables supervisiones por parte de un estado obsesionado con la labor social realizada por organizaciones no gubernamentales. Los impuestos a las donaciones nacionales y las restricciones a las contribuciones internacionales no tienen comparación con cualquier país desarrollado.

 Sin llegar al extremo de control que han ejercido gobiernos de derecha (madres de la plaza de mayo en argentina) tanto como de izquierda (damas de blanco en cuba) es notorio que el gobierno intenta ahogar las fuentes de financiamiento internos de estas ONGs, al mismo tiempo que procura declarar ilegales las fuentes de financiamiento externo comúnmente aceptadas por la comunidad internacional.

Consecuencias Legales y Para-Legales

 En la práctica, esto equivale a una “condena económica” (no judicial) sobre los opositores al actual gobierno venezolano. Esta condena no tiene límites. No hay leyes en Venezuela que legitimen ni coloquen coto a la retaliación política. Las penas de cárcel, las expropiaciones, las multas de las instituciones estatales (Seniat, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ambiente, Indepabis etc.) han sido consistentemente dirigidas a obtener réditos políticos y a complacer a grupos de interés ligados al partido (léase PSUV=Autócrata). En muchas ocasiones incluso las sanciones  son consecuencia de luchas internas dentro del PSUV. Ejemplo de ello son las retaliaciones contra las casas de bolsa (cuando no aportaron fondos), o contra las empresas de construcción que no estaban para el partido de gobierno (sin negar las posibles irregularidades en que algunas de ellas hayan incidido).

Consecuencias para la corrupción

En este momento tomo como base la evidencia de mis estimaciones basadas en experiencias personales,  pues no tengo evidencia empírica por lo delicado del asunto. Pero en mi opinión los cálculos del PIB reflejados por el BCV están en extremadamente  subestimados por el actual gobierno. La evidencia medible demuestra que los niveles de pobreza de Venezuela, dados los altos gastos sociales indicados por el gobierno y por PDVSA,  deberían ser menores de las reportadas por las instituciones nacionales como la OCEI. (Acá no quiero olvidar mencionar que los índices de la OCEI en apariencia solo reportan cuanto “come” el venezolano; pienso que esa pobreza aumentaría estadísticamente si nos fijásemos en los índices y calidad de desarrollo, producción, viviendas, educación entre otros).

Ello debido en parte a la ineficiencia o incapacidad de la gerencia pública, pero está claro que la manera en que se maneja los fondos parafiscales es tan discrecional, que se presta a los mayores índices de corrupción que se han visto en nuestro país, al no estar sometidos a los controles institucionales.

Consecuencias Institucionales

Un gobierno “revolucionario” es contrapuesto por naturaleza a la creación de “instituciones”. Es por ello que los mecanismos de economía política represiva anteriormente descritos descansan en el cimiento de minimización o destrucción de las instituciones, a favor de la creación y posterior deidificación de la imagen del caudillo  (coloquialmente en Venezuela, “gran cacique”).

La destrucción de las instituciones “no revolucionarias” es una herramienta clave de la economía política de un gobierno semidictatorial. Por ello la multiplicación de programas sociales y misiones “directas”.

¿Quién te da Barrio Adentro? Chavez – No el Ministerio de Sanidad

¿Quién te da Mercal? Chavez  - No el Ministerio de Alimentación

Y asi sucesivamente…

¿Quién homologó las pensiones al salario mínimo? No el Seguro Social…

¿Quién te da las escuelas bolivarianas? No el Ministerio de Educación…

¿Quién te dará vivienda? Chavez, no el ministerio del Habitat… principal promesa para las elecciones de 2012.

Consecuencias para los Estados Federales

Todavía en nuestro escudo y en nuestra constitución se celebra el “triunfo de la federación” en 1859. Sin embargo este gobierno es sumamente centralista,  pues de esa manera ha logrado distribuir el presupuesto de la nación mediante el método del RP/E. La distribución de los ingresos estatales es muy clara: mayor a quienes sean adeptos al gobierno, bien sea en gobernaciones y alcaldías (excepto en áreas geográficas delimitadas según la conveniencia política). Y mayor en programas sociales directos (bajo la figura del autócrata) a las regiones y alcaldías opuestas al PSUV. Es decir, además de favorecer la corrupción, el mecanismo dispuesto por las leyes (proyectos de desarrollo sustentable en teoría), ha tenido como consecuencia el arrodillarse por recursos, a los entes elegidos democráticamente que no tengan afinidad con el gobierno.

La evidencia cualitativa así lo demuestra. Los peores apagones, crisis por desastres naturales, y carencias de todo tipo, han sido sufridos por los estados abiertamente opuestos al PSUV (Miranda, Táchira, Zulia)

Consecuencias Electorales

De esta manera se no se da importancia ni siquiera al partido de gobierno ni a la ideología. Se trata de ganar votos para el “cacique” a cuenta de la renta petrolera, con el fin único de permanecer en el poder.

La más grande maquinaria electoral que ha conocido este país se llama Chávez. Sin negar sus logros sociales, es obvio según las estadísticas que el despilfarro y la corrupción han sido mayores en términos reales que la ingesta o consumo de bienes públicos que el gobierno ha logrado hacer llegar a los pobres. Pero como el gasto social ha sido enorme en términos del PIB, es necesario entender que ello ha derivado en un aumento de la capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos de la población desde 2003 hasta 2010. Incluso algunas políticas públicas han sido dirigidas en momentos estratégicos a sectores sociales que son “enemigos electorales”, como el subsidio en intereses para la adquisición de vehículos y viviendas (revertido luego en 2009-2010) con el simple e inteligente propósito de mantener las preferencias electorales.

Sin buscar el desarrollo del país, y por el contrario atrasándolo, este gobierno ha logrado ganar elecciones de manera consistente. Aunque perdió las últimas elecciones generales, el “Plan Vivienda” (que contempló un endeudamiento adicional multimillonario por mas 10 millardos de dólares solo el pasado año) es consistente con las estrategias electorales del PSUV, y probablemente permitirá ganar las elecciones a Chávez en 2012.


Ahora bien, ¿como afectara la enfermedad del Caudillo a mis consideraciones anteriores?